Unasur debe velar por los derechos humanos de los venezolanos

La ONG exhortó al organismo a llevar una misión electoral a la altura del momento que vive el país 

 EL NACIONAL WEB 

La Unasur debe verlar por los derechos humanos de los venezolanos durante las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Lo aseguró la ONG justicia Internacional.

En una carta enviada al presidente pro tempore del organismo internacional, Tabare Vázquez, el director de la ONG, Carlos Suárez, aseguró que la Unasur tiene un compromiso además con la comunidad internacional que demanda una misión a la altura del momento que vive el país.

"El contexto de estas elecciones es por demás sui géneris. Estos comicios se realizan en el marco de una grave crisis político-económica. Son las primeras elecciones después de una desmesurada represión política a la protesta pacífica y violación de derechos humanos que han dejado un saldo de 3000 detenidos", finaliza la misiva.

Fuente: El Nacional, Venezuela, Noviembre 25, 2015 http://www.el-nacional.com/politica/Justicia-Internacional-Unasur-derechos-venezolanos_0_744525708.html  

 

 

San José, Noviembre 24 del 2015

 

Sr. Tabare Vazquez

Presidente PRO Tempore

cc. Sr. Ernesto Samper - Secretario General

Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)

cc Sra. Tibisay Lucena

Presidente

Consejo Nacional Electoral (CNE)

Presentes.-

 

Asunto: Misión de Observación Electoral Elecciones 2015 Asamblea Nacional Venezuela - Petición desde una Perspectiva de Derechos Humanos

                             

Excelentísimo Sr. Tabare,

Nos dirigimos a Ud. en su carácter de Presidente de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), con motivo de la reciente firma del convenio y arribo de la Misión de Observación Electoral para las elecciones de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela a celebrarse el 6 de diciembre del año en curso.

En vísperas de estas importantes elecciones para el evolución política de este país suramericano, procuramos con esta misiva ahondar en observaciones de rigor pertinentes a una visión de la observación electoral internacional construida desde una perspectiva de derechos humanos. Presentamos un análisis de las condiciones del venidero proceso electoral en Venezuela desde tal perspectiva.

Considerando el rol fundamental de las elecciones en los sistemas democráticos, la Declaración de Principios Para La Observación Internacional de Elecciones (Naciones Unidas) concibe el ejercicio de la observación de procesos electorales como un aspecto integral de la supervisión internacional de los derechos humanos.  Elecciones de un verdadero arraigo democrático y fidedigna expresión de la voluntad popular no pueden lograrse al menos que los derechos humanos sean garantizados y su ejercicio posible, sin discriminación ni restricciones arbitrarias e irrazonables, profesa la Declaración.

A diferencia de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Europea y la Unión Africana, entre otros, la UNASUR no es signatario del acuerdo de las Naciones Unidas sobre Observación Electoral, sin embargo, dado su concepción desde la perspectiva de los derechos humanos,  los principios de tal acuerdo representan una referencia obligatoria en empresas de observancia electoral internacional. 

Aún más,  en la medida que estos principios tienen su origen en derechos humanos adquieren un carácter vinculante para las partes involucradas, a saber para este caso, el estado venezolano en la institución del Consejo Nacional Electoral (CNE)  y UNASUR. 

A continuación presentamos un análisis de la Misión de Observación Electoral que se dirige a Venezuela desde la perspectiva planteada.  Este análisis de carácter preliminar,  representa observaciones que como activistas de derechos humanos atesoramos.  El análisis tiene como objetivo presentar diversas demandas a UNASUR, de tal forma que su Misión de Observación Electoral para Venezuela se ajuste a una visión de “observación electoral internacional basada en derechos humanos”.

Nos despedimos no sin antes resaltar que esta iniciativa además de constituir un petitorio de acción para la Misión de UNASUR, tiene como objeto generar un proceso participativo de ONGs, parlamentarios, organizaciones internacionales y otros factores a favor de una vigilancia proactiva de las próximas elecciones en Venezuela.

Agradecidos de antemano, en espera de su pronta respuesta, nos despedimos, atentamente,

 

 

Carlos Suárez

Presidente

Justicia Internacional

www.JusticiaInternacional.org

 

 

 


 

ANEXO

Análisis de las Misión de Observación Electoral Internacional de UNASUR desde una Perspectiva de Derechos Humanos[1]  - Elecciones Parlamentarias Venezuela (6 de Diciembre del 2015):

 

La legitimidad de un  gobierno democrático debe su origen a procesos electorales basados en el respeto a los derechos humanos de sus ciudadanos. Este es el argumento que sirve de cimiento a La Declaración de Principios Para La Observación Internacional de Elecciones de las Naciones Unidas (La Declaración en referencias posteriores).

En reconocimiento a este argumento el primer principio de La Declaración de las Naciones Unidas la enmarca en forma indiscutible en una propuesta basada en derechos humanos, al declarar en su enunciado: “... Los derechos de los ciudadanos a votar y a ser elegidos en elecciones democráticas auténticas celebradas periódicamente son derechos humanos internacionalmente reconocidos” (extracto).  Dada su concepción desde la perspectiva de los derechos humanos, y dada la adhesión que los miembros de UNASUR alegan a tales derechos, proponemos, en consecuencia, acoger la Declaración de las Naciones Unidas, como guía de una “observación electoral basada en los derechos humanos”.

El propio Convenio de Observación Electoral entre el CNE y UNASUR  se refiere a la adhesión a los derechos humanos que profesan los miembros de UNASUR[1].

Por su concepción desde la perspectiva de los derechos humanos, La Declaración exige, a través de una sumatoria de principios, los más altos estándares de imparcialidad, efectividad y justicia en los procesos electorales y concomitantemente, en la conformación y acción de las Misiones Internacionales de Observación Electoral. En base a cada uno de tales principios, a continuación discutimos aspectos de importancia en el contexto de las elecciones de la Asamblea Nacional en Venezuela, 2015.

Este análisis, de carácter preliminar, presenta exigencias a la Misión de Observación UNASUR de tal forma que su quehacer futuro se ajuste a una visión de “observación electoral internacional basada en derechos humanos”.

 


 

 

Principios de Observancia Electoral Internacional basados en Derechos Humanos[2].

Extractos relevantes tomados de La Declaración de Principios Para La Observación Internacional de Elecciones de las Naciones Unidas

 

PRINCIPIO 1 “…..Los derechos de los ciudadanos a votar y a ser elegidos en elecciones democráticas auténticas celebradas periódicamente son derechos humanos internacionalmente reconocidos….Las elecciones democráticas auténticas son fundamentales para el mantenimiento de la paz y la estabilidad, y de ellas emerge el mandato para la gobernanza democrática..." (extracto)

Este extracto del principio 1 de La Declaración claramente define la observación internacional como un tema vinculado a la defensa de los derechos humanos. Este principio, exige que el CNE venezolano sea un ferviente militante de la observación internacional en la medida que esta representa garantías, aval, de la defensa de tales derechos para  los venezolanos en el ejercicio democrático durante el proceso electoral.  Será importante considerar en este contexto el rechazo del CNE a las ofertas tanto de la OEA como de la Unión Europea para enviar Misiones de Observación Electoral a Venezuela.  La misión de Observación Electoral de UNASUR está obligada a evaluar bajo esta perspectiva la renuencia activa del Consejo Nacional Electoral venezolano (CNE) a colaborar en los lapsos convenientes y con la apertura necesaria para que se lograse una Misión de Observación Electoral a la altura que exige la defensa de derechos consagrados en la Declaración Universal y protegidos por la Convención de Derechos Políticos y Civiles que deriva de la misma. De otra forma, actuaría en detrimento de la paz y estabilidad política en Venezuela, cómplice de un proceso que irrespeta la voluntad popular y los derechos de los ciudadanos.

 

 PRINCIPIO 2:  “….De conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros instrumentos internacionales, toda persona tiene el derecho de participar en el gobierno y los asuntos públicos de su país, sin ninguna clase de discriminación prohibida por los principios internacionales de derechos humanos y sin sujeción a restricciones no razonables, y debe contar con la oportunidad de hacerlo…” (extracto)

La Misión de la UNASUR tiene la obligación de encarar al CNE de Venezuela en cuanto las inhabilitaciones administrativas de candidatos de la oposición, las cuales cercenan con absoluta irreverencia y en forma discriminatoria, la participación política de individuos identificados con una tendencia política en particular. Esta práctica de carácter arbitrario a la que son sometidos exclusivamente líderes opositores de los gobiernos de turno, ha tomado arraigo en los últimos años en Venezuela, con un fuerte renacer para estas elecciones parlamentarias, con 7 candidatos inhabilitados por el CNE para las próximas elecciones parlamentarias. Este atropello debe ser objeto de repulsión por parte de la Misión de UNASUR. La inhabilitación exclusiva de miembros de la oposición tiene implicaciones directas al derecho a ser elegido consagrado por el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y artículo 23 la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además,  Venezuela y el Sistema Americano de Justicia cuentan con un precedente de importancia en esta materia: la sentencia de la CIDH a favor de Leopoldo López y otros políticos del continente que dictaminó que tal práctica atenta contra el mencionado derecho[3].  La gravedad de esta situación se acentúa con las recientes declaraciones del fiscal Franklin Brito que corroboran que el sistema de justicia venezolano está al servicio de los intereses políticos del partido gobernante en Venezuela.

 

PRINCIPIO 3  “....La voluntad del pueblo de cada país es la base de la autoridad del gobierno, y dicha voluntad debe determinarse mediante elecciones auténticas celebradas periódicamente, que garanticen el derecho y la oportunidad de votar libremente y de ser elegido imparcialmente mediante el sufragio universal e igual, por voto secreto  u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto, y cuyos resultados sean exactamente contados, proclamados y respetados.” (extracto)

Desconocer la voluntad del pueblo expresada a través del proceso de elecciones es una violación a los principios democráticos y de participación política consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de Derechos Políticos y Civiles que deriva de la misma.  El respeto a la voluntad popular es la base de la legitimidad de la autoridad en los sistemas democráticos.  Recientes declaraciones del Presidente Nicolás Maduro y altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional, que en forma pública y notoria subestiman el valor del voto al amenazar con el desconocimiento del resultado electoral, o desvirtuarlo al intimidar con amenazas de violencia si hubiese un resultado electoral desfavorable al oficialismo, deben ser investigadas por la Misión Observación Electoral de UNASUR.  Las declaraciones del Presidente Maduro amenazan este principio fundamental, clave para el mantenimiento de la institucionalidad, estabilidad y  paz en Venezuela.  La Misión Observación Electoral de UNASUR debe ahondar en esta materia y mantenerse vigilante en cuanto a la constantes amenazas por parte del oficialismo venezolano que denigran el carácter irreducible del proceso electoral como representación fehaciente de la voluntad popular en la Venezuela de hoy.

 

PRINCIPIO 4 “… La observación internacional de elecciones es la sistemática, completa y exacta reunión de información acerca de las leyes, los procesos y las instituciones relacionados con la celebración de elecciones y otros factores atinentes al entorno electoral general; el análisis imparcial y profesional de dicha información, y la extracción de conclusiones sobre el carácter de los procesos electorales ….

PRINCIPIO 5 La observación internacional de elecciones evalúa el período preelectoral, el día de las elecciones y el período postelectoral mediante una observación completa y a largo plazo, utilizando diversas técnicas…” (extractos).

Fue a sólo un mes de las elecciones,  el pasado 5 de Noviembre, que UNASUR anunció la aprobación de la Misión a Venezuela. Los propios voceros de la Corte Electoral de  Uruguay la cual preside el Consejo Electoral de UNASUR, ente coordinador de la iniciativa, señaló que dada la constante negativa del Gobierno venezolano a proveer las condiciones adecuadas para el desarrollo de una misión de observación de un riguroso nivel técnico, los plazos adecuados para observación preelectoral se veían amenazados.

Según lo señalado por la Corte Electoral del Uruguay, es un hecho  que se encuentra en duda el cumplimiento de los plazos para el desarrollo de una serie de verificaciones y estudios técnicos de rigor que se realizan durante la fase pre-electoral.  El propio UNASUR sostiene que sus Misiones no se limitan a un monitoreo el día de las elecciones sino incluyen también un proceso de verificaciones técnicas previos a la elección que permiten evaluar con rigurosidad aspectos claves del sistema electoral en observación. UNASUR está en la obligación de anunciar a la comunidad internacional si las verificaciones de rigor de la etapa preelectoral fueron descartadas dada la falta de colaboración del gobierno venezolano y el tardío y limitante convenio de acompañamiento electoral firmado con el CNE. UNASUR debe asumir esta responsabilidad y hacer explícito el alcance de su Misión.

La Declaración propone ejemplos específicos del trabajo preelectoral y postelectoral, todas relevantes al contexto de las elecciones de la Asamblea Nacional en Venezuela: “la delimitación de los distritos electorales, la inscripción de los electores, el uso de tecnologías electrónicas y el funcionamiento de los mecanismos de presentación de denuncias electorales”. Todos estos aspectos son de obligante discusión por parte de la Misión de Observación Electoral de UNASUR. Entre ellos de particular importancia para estas elecciones es el tema de la delimitación de los distritos electorales.

La delimitación de los distritos electorales y como ella determina la distribución de los votos en la Asamblea Nacional tiene consecuencias de importancia en términos de equidad electoral en procesos parlamentarios. En un reciente reportaje periodístico sobre el redistritaje  (gerrymadering) en Venezuela, expertos señalan que dada la distribución de los distritos en Venezuela para estas elecciones el voto oficial vale por tres o cuatro veces el voto de la oposición.  De acuerdo a los cálculos citados por el reportaje, dado el redistritaje de los últimos años la oposición necesita ganar más del 60% de los votos para hacerse de una mayoría simple en la Asamblea Nacional. A esta desventaja se le suma una grave denuncia echa por los partidos de oposición al CNE en agosto de este año: la migración inusual de un distrito a otro de más de un millón de votantes.  Otros expertos señalan factores alternos que contribuyen a desvirtuar el cálculo de la representatividad ciudadana y sus proporciones en el total de sillas en la Asamblea. De importancia es el argumento que en Venezuela existe una errónea e inconstitucional aplicación del sistema mixto alemán, originado a partir de la aplicación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales del año 2009.

La posición de la Misión ante estas denuncias debe conocerse. A la luz de este potencial atropello a la voluntad popular y en defensa de los derechos humanos de los venezolanos, la Misión de UNASUR está en la obligación de encarar al CNE sobre la delimitación de los distritos y las migraciones inusuales que se dieron para estas elecciones del 6 de diciembre en Venezuela.  Para restablecer la justicia electoral deben hacerse las denuncias de rigor sobre esta materia pertinente a derechos fundamentales de participación política.

A este ventajismo estructurado en la distribución de los distritos electorales se suma el abrumador ventajismo oficial en acceso a recursos y  a medios de comunicación que caracteriza las elecciones en ese país suramericano.  Ante la carencia de topes de gastos de campañas en Venezuela, el CNE elude cualquier responsabilidad de disciplinar a los miembros del partido de gobierno en sus excesos en el uso de recursos oficiales en campaña electoral.  Esta crítica ha sido expuesta por la oposición venezolana ante la OEA, tal como lo atestigua la reciente carta del secretario de la OEA Luis Almagro en respuesta a los argumentos que esgrimió la Presidenta del CNE venezolano, Tibisay Lucena para no aceptar la oferta de Misión electoral de la OEA. 

De acuerdo al incisivo análisis realizado por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, en base a denuncias realizadas por la oposición y a hechos que afectan la amplia gama de derechos que conforman un proceso electoral justo y democrático, la lista crítica incluyen los siguientes aspectos:  “Ausencia de topes o controles al gasto de campaña, acceso desigual a Los medios de comunicación a candidatos del oficialismo y de la oposición, nuevas regulaciones sobre la ubicación y características de las papeletas de votación que podrían llevar a confusiones al momento de sufragar, implementación de medidas de seguridad que limitan la libertad de expresión, judicialización y amenazas a manifestantes pacíficos, inhabilitaciones y cambios en las condiciones de distribución de género y de la representación estatal que podrían afectar los resultados electorales”.

A estos aspectos se le suman las recientes denuncias de amedrentamiento a empleados públicos exigiéndoles evidencias de su futuro voto por el partido del gobierno de turno y la grave situación de los enfrentamientos violentos por parte de hordas afectas al gobierno en contra de candidatos durante actos proselitistas propios de la campaña electoral.  La violencia electoral se ha convertido en una práctica habitual del proceso electoral venezolano donde entes paramilitares llamados colectivos embisten en forma violenta, con intención de infringir daño a la integridad física de individuos, portando instrumentos  con tal objeto incluyendo armas de fuego de alto calibre, contra candidatos de bandos políticos contrarios  y sus seguidores durante actos proselitistas de la campaña electoral. Esta práctica representa una clara expresión de intolerancia, una forma de amedrentamiento a aquellos que piensan diferente, un obstáculo a la libre expresión de propuestas alternativas y en consecuencia un obstáculo más al derecho a elegir y ser elegido en elecciones auténticas, de un verdadero carácter democrático. La falta de pronunciamientos condenatorios y denuncia por parte del CNE y la complacencia de los entes policiales y otros organismos encargados del orden público ante estos hechos que amenazan derechos fundamentales como la libre expresión política, la participación ciudadana y el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal, debe ser no sólo condenada sino denunciada por toda misión electoral ajustada a principios de observación electoral basada en derechos humanos.

Los casos emblemáticos recientes de Lilian Tintori, esposa del prisionero de conciencia y máximo líder del partido de oposición Voluntad Popular y el diputado Miguel Pizarro, en una región periférica de Caracas, son ejemplo de este proceso sistemático de acoso electoral licenciado por las autoridades competentes por omisión de condena y acción en este particular.

Los hechos de violencia electoral no sólo son un aspecto de preocupación en la etapa pre-electoral.  Experiencias previas sugieren que el sistema de monitoreo electoral internacional debe ser vigilante en cuanto al uso del amedrentamiento y la amenaza a la integridad física durante el mismo proceso de elección y la etapa post-electoral.

Dado los antecedentes de pasadas elecciones en Venezuela, en particular la más reciente elección presidencial de Abril del 2013, el tema de la fase post-electoral es de suma importancia en Venezuela.  Dos razones destacan: la primera es el carácter desdeñoso del CNE al proceso de denuncias demostrado en las últimas elecciones presidenciales  y segundo, dado la represión política post-elecciones en la elección presidencial 2013.  La referencia a la represión política post-elecciones presidenciales del 2013 no sólo es importante por lo desmesurada violencia estadal observada en el momento.  Más importante aún es el hecho que esta represión se considera el origen de un patrón de conducta, de un proceso sistemático de represión estadal observado hasta la fecha el cual es,  hoy por hoy, es objeto de denuncias por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional de la Haya. 

 

PRINCIPIO 7 “…Se espera que las misiones de observación internacional de elecciones formulen declaraciones oportunas, exactas e imparciales dirigidas al público (incluso suministrando copias a las autoridades electorales y otras entidades nacionales pertinentes), presentando sus comprobaciones y conclusiones, así como las recomendaciones apropiadas que a su juicio puedan ayudar a mejorar los procesos….

PRINCIPIO 12  ...no se debe organizar una misión internacional de observación de elecciones a menos que el país en que se celebran las elecciones tome las medidas siguientes:...g) Garantice que la misión internacional de observación de elecciones tendrá libertad para emitir sin interferencia alguna declaraciones públicas e informes sobre sus comprobaciones y recomendaciones acerca de los procesos y acontecimientos conexos con la elección…” (extractos)

El acuerdo entre el CNE y UNASUR restringe significativamente a la misión de UNASUR en cuanto a su capacidad para hacer declaraciones públicas.  Por ejemplo, el convenio prohíbe cualquier interpretación subjetiva en el primer reporte:  “dentro del marco del respeto a la soberanía y asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela. En ese contexto, presentará los siguientes informes: durante el primer día de veda electoral, la Misión emitirá un informe con las actividades realizadas y las que tendrán lugar durante la jornada electoral sin valoraciones” (énfasis del autor). Informes posteriores deben ser entregados para el escrutinio del CNE previo a cualquier declaración pública.  Estas restricciones deben ser renegociadas por UNASUR de tal forma de lograr las libertades requeridas para el ejercicio de una observancia plena y ajustada a estándares internacionales.

 

PRINCIPIO 11 “…Una organización no debe enviar una misión internacional de observación de elecciones a un país en condiciones que hagan probable que se interprete que su presencia otorga legitimidad a un proceso electoral claramente no democrático, y en toda situación de esa índole las misiones de observación internacional de elecciones deben formular declaraciones públicas en las que aseguren que su presencia no implica esa legitimidad…” (extracto).

En la medida que una elección se concibe como el ejercicio de libertades y de derechos ciudadanos a elegir y ser elegido en una democracia, en esta medida las misiones de observación electoral internacional deben acatar por sobre todo el principio 11 de La declaración que condena pretender legitimar un proceso electoral que no es verdaderamente democrático.

En congruencia con los principios 7 y 12 previamente citados es importante insistir en lograr una Misión con la amplitud necesaria para proteger efectivamente los derechos humanos de los venezolanos.  La Observación no debe limitarse al día de  la elección como expresa la Declaración, cito:  “Todas las misiones de observadores deben hacer esfuerzos concertados para situar al día de las elecciones en su contexto y no exagerar la importancia de las observaciones del día de las elecciones.”  

Contrario a este principio de amplitud y alcance, el CNE ha insistido en reducir la Misión de UNASUR a su mínima expresión[2] . De hecho, el CNE ha plasmado el carácter minimalista de la Misión en el propio Convenio con UNASUR cuando se niega a definirla como una misión de observación. El convenio define a la Misión de UNASUR a Venezuela como una misión de acompañamiento y a sus miembros como “acompañantes”[4].

A la luz del Principio 11 de la Declaración, UNASUR debe aclarar las razones de su complacencia a enviar una misión que de hecho no ha cumplido con los plazos mínimos requeridos, no ha evaluado aspectos preelectorales de gran implicación y se reduce, de acuerdo al convenio firmado y contrario a principios de reconocimiento internacional sobre la materia, a una mera presencia de acompañamiento días previos a la elección con énfasis en el proceso electoral del 6 de diciembre.  UNASUR está en la obligación de explicar estos hechos ante una comunidad internacional que exige una observación electoral basada en derechos humanos y que condena cualquier intento artero, falaz o capcioso de servir de instrumento para la legitimación de procesos electorales claramente no democráticos.

 

PRINCIPIO 16 “…Los ciudadanos tienen el derecho internacionalmente reconocido de asociarse, así como el derecho de participar en los asuntos gubernamentales y públicos de sus países. Tales derechos pueden ejercerse por conducto de organizaciones no gubernamentales que supervisen todos los procesos relacionados con las elecciones y observen los procedimientos…” (extracto).

Además de ser un petitorio de acción para la Misión de UNASUR, este documento constituye una propuesta con el objeto de generar un proceso participativo de ONGs, parlamentarios y otros factores en Venezuela y el mundo en pro a una vigilancia proactiva de las próximas elecciones en Venezuela. 

El contexto de estas elecciones es por demás sui géneris.  Estas elecciones se realizan en el marco de una grave crisis político-económica.  Más aún, son las primeras elecciones después de los hechos ocurridos en el año pasado, cuando la represión y violencia generada por el abuso del uso de la fuerza pública y las graves violaciones de derechos humanos produjeron masivas detenciones arbitrarias, cientos de torturados y detenidos.  Por estos hechos fue encarcelado y juzgado injustamente el líder del partido político Voluntad Popular, Leopoldo López, y condenado a más de 13 años de prisión. Recordemos que en estas fechas Venezuela llegó a ser el primer país con más detenciones de estudiantes del mundo con más de 3000 detenciones. Por el alcance y el carácter sistemático de tal represión, el gobierno venezolano enfrenta tres denuncias por crímenes de lesa humanidad, en el Tribunal Penal internacional en La Haya.  Una de estas denuncias, promovida por asociaciones de Parlamentarios a nivel mundial hace ya más de un año, avanza a etapas posteriores luego de pasar por el proceso de admisión preliminar en La Haya[3] .

No esta demás insistir que una visión basada en los derechos humanos de la observación electoral incorpora en forma amplia el tema de la justicia electoral, tal como lo establece el preámbulo de La Declaración de las Naciones Unidas en la materia, a saber:

 

¨…las elecciones democráticas autenticas son un requisito indispensable para la gobernanza democrática, porque son el instrumento mediante el cual el pueblo de un país expresa libremente su voluntad, sobre bases establecidas por la ley, para determinar quiénes tendrán legitimidad para gobernar ….no es posible lograr elecciones democráticas auténticas si no se puede ejercer cotidianamente una amplia gama de otros tipos de derechos humanos y libertades fundamentales, sin discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otras condiciones, entre ellas, las discapacidades, y sin restricciones arbitrarias y no razonables. … …esos preceptos están reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos y otros instrumentos internacionales, así como en los documentos de numerosas organizaciones intergubernamentales. por consiguiente, el logro de elecciones democráticas auténticas ha pasado a ser un tema de incumbencia de las organizaciones internacionales…,

 

Por lo tanto UNASUR adquiere una obligación de magnitudes considerables ante los ciudadanos venezolanos, un compromiso sin precedentes de velar por sus derechos humanos. Este compromiso de UNASUR es también con la comunidad internacional, la cual tiene el derecho y la obligación bajo la perspectiva propuesta en este documento de monitorear los derechos humanos en Venezuela. En consecuencia, la comunidad internacional demanda de UNASUR una Misión a la altura de las exigencias del momento en Venezuela.

En este particular, sirva esta misiva para extender una invitación a ONGs, organizaciones internacionales y a los parlamentos del mundo para crear una coalición en defensa de los derechos humanos en las próximas elecciones parlamentarias en Venezuela.  Alertaremos con esta misiva al sistema americano de derechos humanos en la institución de la Comisión Interamericana para tal fin e igualmente al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es menester.

 

 

DOCUMENTOS CLAVES

 

La Declaración de Principios Para La Observación Internacional de Elecciones (Naciones Unidas) http://iknowpolitics.org/sites/default/files/declaration20of20principles2028spanish29_0.pdf

 Convenio del Consejo Nacional Electoral (CNE), Venezuela, con UNASUR Elecciones parlamentarias 2015 http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2012/presidenciales/documentos/CNE-Unasur2012.pdf

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0015

Carta Secretario General de la OEA, Luis Almagro a Tibisay Lucena, Presidente del CNE, Venezuela http://sumarium.com/la-carta-integra-de-almagro/

  

Otras Referencias por pedido, al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.



[1] En el preámbulo de su documento constitutivo los miembros de UNASUR ratifican: “... que la plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto irrestricto de los derechos humanos son condiciones esenciales para la construcción de un futuro común de paz y prosperidad económica y social y el desarrollo de los procesos de integración entre los Estados Miembros...”.  Este considerando fundamental del documento constitutivo de UNASUR es a su vez citado como uno de los Considerandos del Convenio entre el CNE y UNASUR.  En la sección de Declaraciones Interpretativas del Convenio, el Tribunal Supremo Electoral del Brasil es por demás contundente en materia de acuerdos internacionales: “El Tribunal Superior Electoral (TSE) de la Republica Federativa de Brasil considera que los compromisos internacionales asumidos en común por los Estados Miembros en el ámbito de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos para la protección de los derechos civiles y políticos y para la defensa de los principios democráticos son relevantes para el cumplimiento de las misiones electorales de UNASUR. El TSE de Brasil alude como compromisos internacionales, asumimos,  al Tratado de Derechos Políticos y Civiles derivado de la Declaración Universal de los Derechos humanos así como la Convención Americana de Derechos Humanos.

[2] El siguiente análisis no pretende ser un informe técnico exhaustivo. Este análisis debe considerarse como un trabajo de carácter preliminar, que busca servir de alerta al sistema de supervisión mundial de los derechos humanos.

[3] Cito: “El Estado [venezolano] ha incumplido la obligación de adecuar su derecho interno a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecida en el artículo 2, en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos, el derecho a las garantías judiciales y el derecho a ser elegido”. Fuente: Ficha técnica, Caso López Mendoza vs Venezuela, Corte Interamericana de Derechos Humanos.

[4] Citamos: “Articulo 4: Los órganos de los Poderes Públicos Ejecutivo y Electoral ofrecerán a la Misión Electoral de UNASUR, en el marco del proceso electoral y la Elección a la Asamblea Nacional a realizarse el día 06 de diciembre de 2015, todas las facilidades para el cumplimiento de las actividades de Acompañamiento Electoral, de conformidad con las leyes en vigor en la República Bolivariana de Venezuela y con base en los términos establecidos en el presente Convenio” (énfasis del autor).